“No lo haríamos de oficio para evitar sesgos hacia algún partido”, afirmó Elizabeth Nava Gutiérrez, presidenta del IEPCT.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) no iniciará procedimientos sancionadores de oficio contra actores políticos que realicen actividades públicas o expresen aspiraciones rumbo a 2027, a menos que exista una denuncia formal, afirmó la consejera presidenta, Elizabeth Nava Gutiérrez.

La funcionaria explicó que el organismo se mantendrá a la espera de que sean los partidos políticos o la ciudadanía quienes presenten las quejas correspondientes, con el objetivo de evitar cualquier percepción de parcialidad o persecución política.

“No lo haríamos de oficio, toda vez que tendríamos que estar muy pendientes de los demás partidos políticos. Para evitar que pudiera haber algún sesgo hacia algún partido, para eso están los partidos”, puntualizó Nava Gutiérrez.

Al ser cuestionada sobre el activismo de diversos perfiles que ya recorren el estado, la consejera presidenta minimizó la situación, calificándola como una actividad ordinaria dentro de las estructuras partidistas previo al inicio del proceso electoral, el cual comenzará oficialmente a finales de 2026.

Nava Gutiérrez subrayó que la simple manifestación de querer participar o aspirar a un cargo “no es por sí misma una violación” ni constituye un acto anticipado de campaña. Para que exista una infracción, explicó, se requiere analizar actos específicos y, sobre todo, que se cumpla con el elemento de temporalidad, el cual no se encuentra vigente al no haber iniciado aún el proceso electoral.

Respecto a figuras como Evaristo Hernández, quien ha hecho públicas sus aspiraciones para 2027 y 2030, la presidenta del IEPCT reiteró que actualmente no se puede hablar de una falta electoral.

“Hay un tema también que es la temporalidad. En este momento no estamos inmersos en el proceso electoral, no podemos hablar de que hay un elemento temporal para hablar de infracción electoral”, subrayó.

Nava reconoció que el Instituto no cuenta con la capacidad operativa para vigilar todos los eventos realizados en los 17 municipios, por lo que la responsabilidad de fungir como “vigilantes” recae en los partidos políticos.

Explicó que si un instituto político considera que se vulnera la normativa, debe solicitar la intervención de la Oficialía Electoral para dar fe de los hechos y, posteriormente, presentar la denuncia correspondiente para que el IEPCT pueda realizar el análisis de fondo.