La policía del noreste de España ejecutó el miércoles órdenes de desalojo para vaciar un edificio escolar abandonado donde vivían cientos de migrantes, en su mayoría en situación irregular, al norte de Barcelona.

Conscientes de la inminencia del desalojo en pleno invierno, la mayoría de los intrusos se habían marchado para intentar encontrar otro sitio donde vivir antes de que agentes antimotines de la policía regional de Cataluña entraron en la escuela a primera hora de la mañana siguiendo órdenes judiciales.

Aunque el desalojo se llevó a cabo sin violencia, hubo momentos de tensión cuando las personas obligadas a dejar el recinto tuvieron que pasar junto a los agentes.

El recinto ocupado está en Badalona, una ciudad obrera que limita con Barcelona. Muchos subsaharianos, en su mayoría de Senegal y Gambia, se habían mudado al edificio desde que quedó abandonado en 2023.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, anunció los desalojos en una publicación en X: “Tal y como me comprometí, empieza la desocupación de los 400 okupas ilegales de la (escuela) B9 en Badalona”.

La orden judicial obliga al ayuntamiento de Badalona a proporcionar acceso a los servicios sociales a los desalojados, pero no exige que las autoridades locales les encuentren otra vivienda.

La abogada Marta Llonch, que representa a los ocupantes ilegales, apuntó que muchos seguramente se quedarán a la intemperie.

“Mucha gente va a pasar la noche en la calle”, dijo Llonch. “Si desalojas a estas personas no se evaporan. Si no les das una alternativa, estarán en la calle, lo cual es un problema para ellos y los vecinos”.

Muchos de los ocupantes vivían de vender la chatarra que recogían en la calle. Otros tenían permiso de residencia y trabajo, pero se vieron obligados a vivir allí porque no podían permitirse un alquiler en plena crisis del costo de vida, que dificulta que incluso españoles con trabajo puedan comprar o alquilar viviendas. Esa crisis habitacional ha causado una angustia social generalizada y protestas públicas.

Al salir de la escuela, los intrusos cargaron sus pertenencias en carritos —algunos utilizados como remolques tirados por bicicletas— para llevárselas.

El ayuntamiento de Badalona ofrecerá alojamiento temporal a unas 30 personas, reportó el diario El País. Otras 60 estaban siendo atendidas por los servicios sociales de la región, que podrían terminar ofreciéndoles también alojamiento temporal, explicaron funcionarios catalanes a la AP.

García Albiol, del conservador Partido Popular, ha forjado su carrera política como el alcalde de Badalona en base a una postura antiinmigración.

El ayuntamiento de Badalona había alegado que la ocupación del inmueble representaba un peligro para la seguridad pública. En 2020, una antigua fábrica en la que entraron a vivir de forma ilegal alrededor de un centenar de migrantes se incendió en la ciudad, y cuatro personas perdieron la vida.

Como otros países del sur de Europa, España ha sido testigo durante más de una década de un flujo constante de migrantes que arriesga la vida cruzando el Mediterráneo o el Atlántico en pequeñas embarcaciones.

Mientras muchos de sus vecinos desarrollados han adoptado una posición firme contra la migración, el gobierno de izquierdas de España sostiene que las llegadas legales han ayudado a que su economía crezca.