El sistema penitenciario de Tabasco enfrenta una severa crisis en materia de derechos humanos y justicia social. Víctor Manuel Maldonado Tosca, presidente del Colegio de Abogados Institucionalistas de Tabasco, denunció que alrededor de 400 Personas Privadas de la Libertad (PPL) se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, al ver transgredidos sus derechos constitucionales al no permitírseles acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

De acuerdo con el jurista, la mayoría de este grupo está conformada por adultos mayores de más de 70 años, así como por internos con discapacidades severas o enfermedades terminales que, conforme a la ley, ya no deberían permanecer en centros de reclusión convencionales.

Un sistema que ignora la condición humana
Maldonado Tosca fue enfático al describir la realidad que se vive al interior de los centros penitenciarios, donde la reinserción social parece haber quedado relegada para los sectores más desprotegidos.

“No se puede tener a una persona ciega, a un parapléjico o a alguien sin piernas en una celda común. Estamos hablando de entre 300 y 400 personas en estas condiciones que, de acuerdo con el marco legal, tienen derecho a que se les modifique la sentencia”, señaló el abogado.

El especialista subrayó que el sustento legal para otorgar la prisión domiciliaria se encuentra claramente establecido en los artículos 1, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, lamentó que la burocracia y la falta de voluntad política continúen siendo los principales obstáculos para que estos beneficios se apliquen a quienes más lo necesitan.